El abogado de Cintia Ramírez puso la mirada sobre quienes estaban por encima de ella en el Gobierno: “Traigamos a los verdaderos responsables”

El 5 de septiembre, el ex secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo y la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez serán indagados por delitos de corrupción. Ambos son investigados por la contratación del cierre y la nivelación de canchas de fútbol violando la Ley de Contabilidad.

Días antes de que finalizara la gestión de Alberto Rodríguez Saá, giraron fondos millonarios en conceptos de anticipos financieros a la empresa MyD Construcciones SRL. Las obras estipulaban un monto de $88 millones. Sin embargo, nunca se concretaron.

Si bien Ramírez se mantiene en silencio, quien habló fue uno de sus defensores, Marcos Juárez. El letrado apuntó a quienes estaban por encima de la ex secretaria de Deportes porque fueron quienes autorizaron, dieron el visto bueno y desembolsaron los recursos.

Aseguró que “ella hizo la contratación teniendo en cuenta todos los pasos que requiere cualquiera relacionada con un funcionario público”.

“Esto pasa por áreas legales donde están los abogados que aprueban la compra, la adquisición o el proyecto de las canchas. Pasa por contadurías, donde están los contadores que también verifican que se cumpla con la normativa vigente. Y por la parte directamente de administración que es la que maneja los fondos para aplicarlos a un proyecto en particular”, sostuvo el abogado en declaraciones al programa Sólo un Café de Oscar Flores que se emite por Radio Universidad.

Otra irregularidad que derivó en la denuncia de fiscalía de Estado radica en que las contrataciones directas no pueden superar los $5 millones. A eso se suma que el adelanto financiero fue de un 70%, mientras que según la normativa debió ser del 30% del total.

“Cintia Ramírez no es la persona que se encarga concretamente del manejo de los fondos aplicados a este proyecto. Existe un ente que tiene un director y es él el que se encarga de lo que sería la parte administrativa de los pagos”, planteó Juárez.

Respecto a la contratación directa por un monto superior a los $5 millones, el defensor dijo que “superado cierto monto, no puede hacer ningún tipo de contratación si no tiene el aval de secretaría de Gobierno, de Contaduría de Gobierno y obviamente en muchos de los casos del gobernador”.

“Si hubo algún desfase en la contratación traigamos a los verdaderos responsables. Esto es como si yo quisiera culpar al dueño de una empresa de un accidente de uno de sus choferes”, afirmó.

Fundamentó esto en que “si bien ella era la secretaria de Deportes, no está dentro del área legal que es la que autoriza la compra”.

“Entonces, si se cumplen con todos esos requisitos, Ramírez actuó dentro del marco legal que ella podía actuar”, insistió.

En el mismo punto, amparó el accionar de la ex funcionaria en que “es una profesora de educación física, no es abogada, no es contadora, no tiene conocimientos legales, no tiene conocimientos técnicos legales”. “Para eso tiene cada área, que se va a expedir sobre la posibilidad de hacer o no determinada contratación o determinada compra y bueno, se pasó por todos los canales”.

Ramírez ya fue imputada por corrupción en el San Luis Fútbol Club y la compra del colectivo para la institución.